viernes, 8 de enero de 2016

La dictadura de las administraciones

             En estos momentos estoy metido en un buen lío con la administración del Ayuntamiento de Cádiz. No es que yo haya hecho nada en particular, aparte de vivir en esta ciudad. La cuestión debería tener fácil arreglo, o al menos así yo lo veo, pero claro, decir que para las administraciones públicas algo debería tener fácil arreglo es una incongruencia de tomo y lomo.
Me explico: resulta que estoy viviendo en una casa de nueva construcción, por lo que el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles se ha ido retrasando hasta que la oficina del Catastro se ha puesto al día. Para ello han tardado casi tres años, ya que las llaves de los pisos de mi edificio las dieron a sus propietarios el día 31 de diciembre de 2012 y el primer recibo del IBI lo recibimos por mayo de 2015, pero es que los recibos atrasados de 2013 y 2014 los hemos tenido en nuestro poder a partir de septiembre de 2015. Eso sí, nada de pedir perdón por el retraso, todo lo contrario, porque nos daban un mes de plazo para pagar los recibos completos de los dos años en un solo mes, como si el tema fuera culpa nuestra. Al que tuviera plaza de garaje además de su piso, como es mi caso, se le ponía la tontería en casi 1000 euros. No contentos con humillarte de tal forma, si ibas y les decías que no podías desembolsar 1000 euros como quien no quiere la cosa, sin vaselina ni nada, te informaban que tenías la facilidad de cumplirlos en cómodas mensualidades, pero pagando intereses, por supuesto. Que ellos no hayan hecho su trabajo diligentemente y te pasen la minuta con casi tres años de retraso no importa, tú tienes que abonar cuando ellos digan y punto.
Hasta ahí bien, mejor dicho, mal, pero todavía hay más. Resulta que se equivocan y me hacen pagar una plaza de garaje que no es mía y ahora me dicen que tengo que abonar la que es mía. Nada de perdón por la equivocación, sino que debo pagar sin rechistar. Evidentemente, nadie me puede pedir perdón, porque cuando voy al Ayuntamiento me dicen que el error es de la oficina del Catastro y que debo arreglarlo allí. Supongo que ustedes son lo bastante inteligentes para saber qué me dijeron en la oficina del Catastro. Efectivamente, que la culpa era del Ayuntamiento. De todas formas, conseguí que me arreglaran parte del entuerto, quitándome la titularidad de la plaza del garaje que no era mía. Algo es algo.
Después a lidiar con el Ayuntamiento, de nuevo. Y no tengo queja alguna de los trabajadores que allí me han atendido (y me atenderán, puesto que aún no he terminado de solucionar el problema), sino de los procedimientos administrativos a los que están obligados a seguir como corderitos, sin ninguna posibilidad de torearlos, pues carecen de flexibilidad.
Y es que los procedimientos administrativos a los que estamos sujetos se basan en una premisa falsa, un dogma inamovible que dice que la Administración nunca se equivoca. Claro, en el momento en el que el dogma falla, pues conmigo han metido la pata hasta el hígado, nadie sabe como solucionar mi caso, ya que en la biblia administrativa no aparece el epígrafe «Error de la Administración: cómo solucionarlo». Ahora los trabajadores del Ayuntamiento de Cádiz se tienen que poner en contacto con un informático de Sevilla, para ver qué se puede hacer con mi caso.
Mi hermano es abogado y hablé con él de la posibilidad de ponerle una demanda al Ayuntamiento, con la idea (yo no he estudiado Derecho y se nota) de que todo se quedase paralizado hasta que se dictase quién lleva la razón, que, por supuesto, soy yo. Me encantaría no llevar razón y que me regalasen esa segunda plaza de garaje de la cual he pagado el IBI, pero me temo que eso no va a pasar. Mi hermano, el abogado, me quitó la idea de la cabeza. Me dijo que el tema podría llevarse tres años en el Juzgado y que, mientras tanto, yo tendría que abonar todo lo que el Ayuntamiento me pidiera, porque ellos tienen el poder y es irrefutable. Con la administración no te metas, me dijo, tienes todas las de perder, aunque lleves razón y lo puedas demostrar.
En fin, el caso es que ahí estoy, perdiendo mi tiempo y mi dinero (en transporte público) en las ventanillas del Ayuntamiento de Cádiz, para que sus funcionarios me arreglen un error que ellos han cometido. El caso es que allí todo el mundo cobra a final de mes, comentan errores o no, y se van a su casa cuando termine su turno de trabajo, hayan solucionado los problemas ocasionados por ellos o no, pero los ciudadanos de a pie pierden montones de horas haciendo colas, deben regirse según sus normas, incontestables, y no pueden casi ni protestar, ya que los juzgados poco pueden hacer contra las administraciones públicas. Si esto no es una dictadura, que baje Franco y lo vea…

El Condotiero

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